Xalapa, Veracruz
Maestros jubilados del estado de Veracruz se manifestaron en las instalaciones del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), en Plaza Morelos, para denunciar el incumplimiento en el pago de sus pólizas de defunción y los beneficios correspondientes a la clave 80, que han sido retenidos injustificadamente durante años.
La protesta, encabezada por integrantes del colectivo Voz Magisterial, expuso lo que calificaron como “un saqueo sistemático” de los recursos del Fondo de Beneficios Complementarios (FBC), alimentado durante décadas con los ahorros de más de 80 mil trabajadores de la educación. Hoy, esos recursos —que debieran estar disponibles para jubilados y derechohabientes— están extraviados entre omisiones, negligencias y lo que algunos señalan abiertamente como corrupción.
Uno de los focos de mayor indignación ha sido el exceso de sueldos que percibe el grupo cercano a la dirección del SSTEEV, el cual, aseguran los manifestantes, está compuesto por allegados y familiares de funcionarios del grupo político “Unidos” encabezado por Eleazar Guerrero Pérez. Entre ellos, destaca Paola Rodríguez Leyva, actual encargada de manejar los recursos financieros del organismo, con un sueldo mensual de $41,122.84 pesos, pese a que los propios docentes no han recibido los pagos que les corresponden por ley.
Los inconformes señalan un patrón de nepotismo dentro del SSTEEV. Se han ventilado públicamente nóminas de empleados que, además de ser familiares entre sí, perciben sueldos muy por encima del promedio, entre ellos:
- Ilsy Vianey Rocha Lagunes – $83,029.12
- Maximino Vicente García – $70,222.84
- Érika Marina Acosta Díaz – $41,966.48
- Paola Rodríguez Leyva – $41,122.84
“¿Dónde están nuestros ahorros?”, cuestionaron docentes que han cotizado toda su vida y que ahora ven cómo su dinero es utilizado para cubrir nóminas infladas y mantener una estructura burocrática que califican de parásita, ineficiente y protegida políticamente.
Exigen una auditoría financiera externa e independiente, supervisada por una comisión de derechohabientes, y piden que se investigue el destino de casi mil millones de pesos que han sido retenidos por la Secretaría de Finanzas (Sefiplan). Incluso sugieren que parte del dinero se ha usado para pagar la nómina de más de 200 empleados de Plaza Morelos, sin justificación clara.
Las tensiones se agudizaron el pasado jueves cuando un grupo de abogados y representantes del sindicato oficialista SUTSSSTEEV intentaron liberar por la fuerza las instalaciones tomadas por los manifestantes. La acción fue percibida como un acto de provocación directa, sobre todo contra mujeres maestras que encabezaban la protesta.
Los maestros afirman que el SSTEEV es un “dragón dormido” que ya despertó, y responsabilizan directamente a funcionarios actuales y pasados del desfalco. Piden a la gobernadora Rocío Nahle intervenir “con firmeza y sin encubrimientos”.
Fuente: Redes